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Martes 4 de marzo de 2008 Pelea de la Cancillería con 262 diplomáticos Les reclama la devolución de un pago que hizo en dólares Apenas siete meses después de la pesificación, unos 262 diplomáticos argentinos que en 2002 estaban destinados en el extranjero cobraron en dólares una deuda millonaria que el Estado mantenía con ellos en concepto de asignaciones salariales, ascensos y traslados que se encontraban impagos por la apremiante situación económica que atravesaba el país entre 2000 y 2001.Es éste el meollo de un nuevo conflicto que enfrenta por estos días a una parte importante del servicio exterior de la Nación con las autoridades del ministerio, a cargo de Jorge Taiana: la Cancillería, con aval de la Procuración del Tesoro, reclamó aún sin respuesta la pesificación de esos pagos, y por ende, la devolución por parte de los diplomáticos de un total de 5.250.937,84 pesos. Esa cifra, calculada en 1 peso más CER (fórmula que se usó para la cancelación de todas las deudas tras la crisis financiera), representa el diferencial del dinero que fue liquidado en 2002 por la propia Cancillería, según supo LA NACION de calificadas fuentes vinculadas con la investigación. El caso salió a la luz pública apenas semanas después de la investigación interna por las irregularidades en el otorgamiento de franquicias para la importación de autos diplomáticos, que ya generó un fuerte revuelo en el interior del Palacio San Martín, y que provocó desplazamientos de funcionarios y la apertura de sumarios administrativos y causas judiciales. La Procuración del Tesoro de la Nación, que se manifestó anteriormente sobre el tema, tiene ahora a resolución definitiva la disputa, que podría derivar en las próximas semanas en una batalla legal entre la Cancillería y parte de su cuerpo diplomático. Hasta hoy, y luego del cruce de cartas documento entre la dirección jurídica de la Cancillería y los beneficiarios de los pagos, sólo se logró recuperar el 5 por ciento de ese monto, es decir 262.546,89 pesos. "Buena fe" El grueso de los diplomáticos, la mayoría de ellos ministros y secretarios que actuaban como encargados de negocios en las principales representaciones diplomáticas argentinas en el mundo entre 2000 y 2001, argumentaron que esos compensatorios salariales se percibieron de "buena fe", como parte de los haberes, y se consumieron antes de que se pidiera su devolución. Es decir, dijeron que no tienen la plata para devolverla, y que, en caso de que la tuvieran, no correspondería reembolsarla, pues, sostuvieron, tiene carácter alimentario y son derechos incorporados al patrimonio. El argumento legal esgrimido por el Estado luego de haber pagado es que los recursos deben ser recuperados porque hubo un enriquecimiento sin causa. Desde esa óptica, se canceló en dólares, errónea o indebidamente, algo que debía ser pagado en pesos. En 2006, el departamento jurídico de la Cancillería, ante la falta de resultados al pedido y para saber si es necesario iniciar juicios para recuperar los fondos, remitió el caso nuevamente a la Procuración, para que ésta se expida definitivamente. La respuesta podría estar en las próximas semanas, según supo LA NACION de altas fuentes oficiales. El conflicto se inició cuando el 8 de agosto de 2002 la subsecretaría de Coordinación de la Cancillería, a cargo de Federico Barttfeld, dio conformidad para que Administración pague en dólares la deuda. Los pagos correspondían a ascensos, traslados y otros componentes de los haberes diplomáticos, que en el exterior suelen ser pagados en dólares tomando como referencia una tabla internacional de Naciones Unidas. Aquí yace uno de los principales argumentos de los diplomáticos para justificar la no devolución de los recursos. Administración pagó en dólares incluso aunque días antes la Procuración del Tesoro había sugerido que el pago de esas acreencias con el personal fuera liquidado a la paridad 1 a 1 más CER. En enero de 2003, el consejo de la Procuración se reiteró: el organismo emitió un nuevo dictamen avalando lo dicho. Y, finalmente, el 22 de mayo de 2006, y ante la consulta de la Cancillería, la Procuración emitió el dictamen 134, donde señala que "las deudas previas al 31 de diciembre de 2001 se encuentran pesificadas y consolidadas" y dice que "corresponde recuperar las sumas pagadas en demasía". Por Lucas Colonna De la Redacción de LA NACION |
